Riesgos del administrador en cada fase: desde las primeras pérdidas hasta el cierre o el concurso

Normalidad

Comprueba que las decisiones responden al interés de la sociedad y que existen información contable y controles suficientes para su actividad.

Conserva las cuentas, actas, contratos e informes que expliquen por qué se decidió y cómo se supervisó la ejecución.

La confusión de patrimonios, la falta de contabilidad o las garantías a vinculadas sin análisis pueden revelar incumplimientos concretos.

Incluso una sociedad que paga regularmente puede sufrir daños por gestión negligente o desleal. Hay que identificar la operación y la acción correspondiente.

Pérdidas iniciales

Examina la evolución del patrimonio neto y la tesorería por separado. Tener pérdidas no demuestra por sí solo insolvencia ni cualquier causa de disolución.

Reúne balances, previsiones de cobros y pagos y decisiones documentadas sobre la viabilidad y las medidas adoptadas.

Ignorar alertas o continuar gastos sin información puede agravar el deterioro. Debe valorarse qué era conocido y qué actuación resultaba exigible.

Puede existir responsabilidad por una conducta concreta que cause daño; la pérdida contable no equivale automáticamente a una indemnización a cargo del administrador.

Causa de disolución

Identifica qué causa concurre y desde cuándo, y cumple la reacción societaria que exige la ley, coordinándola con la insolvencia cuando exista.

Conserva el balance, la convocatoria, el acta y la prueba de ejecución del acuerdo. La promesa de aportar dinero no equivale a remover eficazmente la causa.

La falta de convocatoria o de actuación posterior y el nacimiento de nuevas obligaciones pueden comprometer la posición del administrador.

El artículo 367 exige causa, incumplimiento de los deberes y obligaciones cubiertas. Las acciones de daños mantienen sus requisitos propios.

Preinsolvencia

Valora las previsiones de pago y si procede una comunicación judicial de negociaciones o un plan de reestructuración. Una conversación privada no tiene los mismos efectos.

Documenta las proyecciones, las propuestas de financiación, los acuerdos y la comunicación judicial que efectivamente se haya presentado.

Los pagos injustificados a vinculados, la salida de activos sin contraprestación o una financiación irreal pueden perjudicar a la sociedad y a sus acreedores.

Una operación puede requerir análisis de reintegración, daños o calificación posterior. No todas las negociaciones ni todos los pagos generan esas consecuencias.

Insolvencia actual

Si existe imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles, hay que estudiar el deber concursal y el instrumento legal que corresponda dentro de plazo.

Conserva los vencimientos, impagos, previsiones, inventario, solicitudes y justificantes. Es importante poder explicar cuándo se conoció la situación.

El retraso, las nuevas deudas sin expectativa razonable de pago, la ocultación de activos y la contabilidad opaca requieren atención específica.

La calificación culpable y la cobertura del déficit no derivan automáticamente de la insolvencia. La responsabilidad por deudas societarias exige además su propio presupuesto.

Concurso

Cumple las obligaciones de información y colaboración que correspondan frente al órgano judicial y la administración concursal.

Entrega la documentación requerida y conserva constancia de lo facilitado, explicando las lagunas con soportes verificables, sin alterar originales.

Ocultar libros, presentar datos gravemente inexactos o impedir conocer la situación patrimonial puede tener consecuencias dentro del concurso.

La sección de calificación, las acciones sobre el patrimonio y la eventual responsabilidad personal deben examinarse por su fundamento, sujetos y efectos específicos.

Liquidación

Distingue la liquidación societaria de la concursal y cumple las reglas aplicables a la realización de activos, pago de acreedores y reparto.

Conserva inventarios, valoraciones, ofertas, autorizaciones necesarias, ventas, cobros y destino del dinero.

Las ventas infravaloradas, preferencias indebidas, garantías injustificadas o activos ocultos pueden perjudicar a los acreedores y dar lugar a reclamaciones.

Debe analizarse qué sujeto actuó y qué perjuicio causó. La liquidación no convierte por sí sola al administrador o liquidador en garante de todo el pasivo.

Cierre de hecho

El cierre del local no sustituye la disolución, liquidación o respuesta concursal que proceda. Debe aclararse la situación de la sociedad y evitar su abandono.

Preserva libros, activos y comunicaciones; documenta el cese de actividad, las deudas, las actuaciones legales y el destino de los bienes.

Desaparecer del domicilio, perder la documentación o trasladar activos y clientela sin explicación puede dificultar la prueba y agravar el conflicto.

El cierre es un hecho que debe relacionarse con cada acción. Para reclamar daños directos no basta con acreditar que la sociedad dejó de operar.

Postconcurso

Comprueba qué obligaciones y efectos conserva cada resolución y qué actuación se realiza después de la conclusión del concurso.

Conserva resoluciones, pagos, comunicaciones y documentación de cese o de continuidad. Mantén diferenciados los patrimonios y operaciones.

El incumplimiento de condenas, la ocultación de bienes o la continuación con activos desviados requiere un análisis propio y no se justifica por haber terminado el concurso.

Pueden quedar actuaciones de ejecución u otros procedimientos conforme a su régimen. No debe afirmarse que todo riesgo desaparece, ni que subsiste toda responsabilidad, sin revisar el caso.