Comparativa completa de acciones y responsabilidades

La vía principal que debe estudiarse es la acción social de responsabilidad, porque la pérdida se produce primero en el patrimonio de la sociedad. También pueden ser relevantes los remedios vinculados al deber de lealtad: restitución del beneficio obtenido, impugnación o ineficacia de la operación y, cuando proceda, reclamación contra quien recibió el activo.

La tasación del bien, el contrato, la relación entre comprador y administrador, el precio realmente pagado, la entrada del dinero en la sociedad y el destino posterior de ese importe.

Acreditar que el precio era de mercado, que existía una razón empresarial real, que la operación fue aprobada con información suficiente y sin intervención indebida del administrador interesado, y que no se produjo un daño para la sociedad.

La acción social prescribe, como regla general, a los cuatro años desde el día en que pudo ejercitarse. Debe fijarse con precisión cuándo se conoció o pudo conocerse la operación y el daño.

La perjudicada es la sociedad. Puede ejercitarse una acción social para recuperar el daño y, además, solicitar la restitución de las cantidades o ventajas obtenidas indebidamente por el administrador.

Extractos bancarios, justificantes, facturas, concepto de cada gasto, política interna de gastos, contabilidad y cualquier documento que permita distinguir un gasto empresarial de uno personal.

Demostrar que el gasto tenía una finalidad social, que estaba autorizado y documentado, o que el importe fue reintegrado antes de que se produjera un perjuicio efectivo.

El plazo ordinario de la acción social es de cuatro años desde que pudo ejercitarse. En cargos repetidos debe revisarse cada operación y su fecha.

Debe estudiarse la acción social de responsabilidad y los remedios por infracción del deber de lealtad. La sociedad puede reclamar el daño y, en determinados casos, la devolución del beneficio obtenido por el administrador.

Correos, ofertas, reuniones, contratos, cronología de la negociación, conocimiento previo de la oportunidad por razón del cargo y beneficio obtenido fuera de la sociedad.

Acreditar que la oportunidad no pertenecía realmente a la sociedad, que esta la rechazó de manera informada o que existió una autorización concreta y válida sin perjuicio para el interés social.

La acción social se somete, con carácter general, al plazo de cuatro años desde que pudo ejercitarse. En oportunidades ocultas, la determinación del inicio del plazo puede requerir un análisis específico.

La lesión suele producirse primero en la sociedad, por lo que debe estudiarse una acción social, junto con los remedios derivados del deber de lealtad y, cuando proceda, la cesación de la conducta o la restitución del valor desviado.

Evolución de ventas, clientes que cambian de empresa, comunicaciones, contratación de trabajadores, utilización de marca, bases de datos, local, sistemas, márgenes perdidos y pericial económica.

Demostrar que la nueva actividad era independiente, que los clientes decidieron libremente sin utilización de información o activos sociales, que hubo una transmisión onerosa real o que no existió un daño cuantificable para la sociedad.

La acción social tiene, en principio, un plazo de cuatro años desde que pudo ejercitarse. Deben individualizarse las operaciones y el momento en que el desvío fue conocido.

La sociedad puede ejercitar una acción social contra los miembros del órgano que aprobaron o ejecutaron el acuerdo. El artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital establece una responsabilidad solidaria, salvo que cada consejero acredite una causa legal de exoneración.

Convocatoria, documentación remitida antes de la reunión, acta, voto de cada consejero, informes técnicos, existencia de conflicto de interés, ejecución del acuerdo y cuantificación del daño.

Probar que el consejero no intervino y desconocía el acuerdo sin que ese desconocimiento le fuera imputable, o que se opuso expresamente y adoptó medidas razonables para impedir o reducir el daño.

La acción social prescribe generalmente a los cuatro años desde que pudo ejercitarse. El plazo y la responsabilidad deben analizarse por operación y por miembro del consejo.

La ausencia no exonera por sí sola. Puede existir una acción social si el consejero incumplió su deber de información, vigilancia o reacción ante una operación que razonablemente debía conocer.

Convocatorias, orden del día, actas, informes enviados, alertas, correos, peticiones de información, asistencia habitual y medidas adoptadas después de conocer el problema.

Acreditar una ausencia justificada, desconocimiento no imputable, inexistencia de alertas y una actuación diligente tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos.

El plazo general de la acción social es de cuatro años desde que pudo ejercitarse. La cuestión decisiva no es solo la fecha de la reunión, sino cuándo pudo apreciarse la omisión y el daño.

Procede estudiar una acción social y la restitución de las cantidades o beneficios indebidamente obtenidos. También puede ser necesario reclamar al receptor de los fondos y coordinar la acción con el concurso si la sociedad es insolvente.

Extractos, órdenes de pago, autorizaciones bancarias, facturas, contabilidad, beneficiario real, actas, poderes y destino final del dinero.

Quien sea acusado como autor deberá justificar la causa social del pago y su contraprestación. Los demás consejeros pueden defenderse acreditando falta de intervención, controles razonables y reacción diligente al conocer la desviación.

La acción social se somete generalmente a cuatro años desde que pudo ejercitarse. Si existen varias transferencias, el análisis temporal debe realizarse una por una.

Puede estudiarse una acción social por incumplimiento del deber de diligencia y supervisión. No se le atribuye automáticamente todo lo realizado por el ejecutivo, pero tampoco puede desentenderse de alertas claras.

Informes, actas, correos, advertencias de auditoría, comunicaciones de asesores, solicitudes de información y actuaciones concretas del consejero.

Demostrar que no recibió información suficiente por causas no imputables, que la información disponible no permitía detectar el riesgo o que adoptó medidas razonables de investigación, oposición y corrección.

El plazo general es de cuatro años desde que la acción pudo ejercitarse. La individualización de la conducta de cada consejero es indispensable.

Podría plantearse una acción social, pero el mal resultado no demuestra por sí solo responsabilidad. El artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital protege las decisiones empresariales adoptadas de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y mediante un procedimiento adecuado.

Actas, informes, análisis de riesgos, alternativas valoradas, asesoramiento, ausencia de conflicto y seguimiento posterior de la inversión.

Acreditar el proceso de decisión, la información disponible en aquel momento y que el administrador actuó en interés de la sociedad. No debe juzgarse la decisión únicamente con datos conocidos después.

Si se ejercita una acción social, el plazo general es de cuatro años desde que pudo ejercitarse. Antes debe acreditarse una infracción de deber, no solo una pérdida.

La reclamación principal se dirige contra la sociedad. La acción individual contra el administrador normalmente no procede por el simple impago. Solo cabría estudiar otra vía si aparecen hechos adicionales: deuda posterior a una causa de disolución, aval personal, engaño directo o vaciamiento.

El contrato, la factura y los albaranes acreditan el crédito contra la sociedad, pero no bastan para trasladarlo al administrador. Hace falta probar el presupuesto específico de la vía adicional que se invoque.

El administrador puede alegar que no realizó ningún acto personal causante de un daño directo, que el perjuicio deriva únicamente del impago social y que no concurren los requisitos del artículo 367.

El plazo depende de la reclamación utilizada: el del crédito contra la sociedad, cuatro años para una verdadera acción individual o el plazo de la deuda garantizada si se invoca el artículo 367.

Puede existir una acción individual de responsabilidad porque la conducta se dirige directamente al proveedor y puede haber provocado que asumiera un riesgo que, con información verdadera, no habría aceptado.

Mensajes, correos, documentos entregados, testigos, falsedad de la información, conocimiento del administrador, decisión del proveedor, nuevas entregas y cuantía del daño causado por esa confianza.

Negar que existiera una manifestación falsa, demostrar que era una previsión razonable, que el proveedor conocía la situación, que no confió realmente en ella o que habría suministrado igualmente.

La acción individual prescribe, con carácter general, a los cuatro años desde el día en que pudo ejercitarse. Debe determinarse cuándo se conocieron el engaño y el daño.

No existe una única acción. Si el activo pertenecía a la sociedad, el daño suele ser social y puede proceder una acción social o una acción concursal de reintegración. La acción individual solo será viable si se demuestra una frustración directa y concreta del crédito. El artículo 367 puede operar si, además, había causa de disolución, inacción y deuda posterior.

Inventario, titularidad, tasación, transferencias, precio, destino del valor, momento del cierre, ejecución frustrada y posibilidad real de cobro antes de la salida del activo.

Acreditar que la sociedad ya era insolvente y no existía un activo realizable, que la transmisión fue real y a precio de mercado o que no existe relación causal directa con el impago del acreedor.

El plazo cambia según la vía: cuatro años para las acciones social o individual; régimen concursal para la reintegración; y plazo de la deuda social para el artículo 367.

Debe estudiarse la responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta vía no repara un daño: permite exigir al administrador determinadas deudas posteriores cuando incumple sus deberes de convocatoria, disolución o actuación concursal o preconcursal.

Existencia y fecha de la deuda, causa de disolución, fecha en que apareció, condición y periodo del administrador, falta de reacción y carácter posterior de la obligación.

Demostrar que la deuda era anterior, que no existía causa de disolución, que fue removida, que se convocó y actuó dentro de plazo o que el demandado no era administrador en el periodo relevante.

La acción sigue el mismo plazo de prescripción, inicio e interrupciones que la deuda social garantizada; no existe un plazo único de cuatro años para todos los créditos.

El artículo 367 normalmente no alcanza esa obligación, porque la fecha relevante es el nacimiento jurídico de la deuda y no su mero vencimiento. El acreedor conserva su reclamación contra la sociedad y, en su caso, contra los garantes contractuales.

Contrato, pedido, aceptación, entrega, desembolso, calendario de pagos, factura y cualquier documento que permita distinguir nacimiento y exigibilidad.

El administrador debe acreditar que la obligación ya estaba constituida antes de la causa, aunque después se emitiera la factura, venciera una cuota o se dictara sentencia.

El plazo es el correspondiente a la deuda social. La anterioridad afecta a la aplicación del artículo 367, no necesariamente a la existencia del crédito contra la sociedad.

Hay que separar cada prestación o periodo. El artículo 367 puede alcanzar las obligaciones que realmente nazcan después de la causa. Si el administrador obtiene nuevas prestaciones mediante engaño directo, también puede estudiarse una acción individual.

Contrato, albaranes, partes de trabajo, mensualidades, consumos, facturas, prórrogas, comunicaciones y fecha de cada prestación o devengo.

Acreditar que existía una única obligación plenamente nacida antes de la causa o que las actuaciones posteriores eran mera ejecución de un compromiso anterior; en la acción individual, negar engaño y causalidad.

Para el artículo 367, cada crédito sigue su propio plazo. Una acción individual auténtica tiene, en principio, cuatro años desde que pudo ejercitarse.

El cese no es una acción autónoma: determina si la persona debe ser demandada en la acción social, individual o del artículo 367 que corresponda. Deben separarse eficacia interna, inscripción, conocimiento del tercero y gestión real posterior.

Carta de dimisión, prueba de recepción, acta, escritura, presentación registral, nombramiento del sustituto, entrega de documentación y ausencia o existencia de decisiones posteriores.

Acreditar un cese real y eficaz anterior al hecho, su comunicación, la entrega de la gestión y que no continuó actuando como administrador de hecho.

El plazo depende de la acción principal. En el artículo 367, el cese delimita el periodo de deudas, pero no fija por sí solo el inicio de la prescripción.

Puede ser considerado administrador de hecho. Esa condición no constituye por sí sola una acción: permite aplicar, según el caso, la acción social, la acción individual o la responsabilidad del artículo 367 a quien administraba materialmente.

Mensajes, órdenes, autorizaciones bancarias, negociaciones, firma de contratos, testimonios y continuidad de la intervención en decisiones propias del órgano de administración.

Demostrar que ejercía derechos legítimos de socio, que formulaba recomendaciones sin dirigir la gestión y que el administrador formal conservaba autonomía real para decidir.

El plazo será el de la acción que se ejercite. La condición de administrador de hecho no crea un plazo independiente.

El mero poder, incluso amplio, no convierte automáticamente al apoderado en administrador de hecho. Solo procede extenderle responsabilidad si se acredita que dirigía la sociedad de forma efectiva, continuada y autónoma.

Texto del poder, protocolos de autorización, correos con instrucciones, informes de seguimiento, límites económicos y decisiones reservadas al órgano.

Acreditar subordinación, cumplimiento de instrucciones, ausencia de estrategia propia y falta de autonomía para adoptar las decisiones que originaron la reclamación.

Si llegara a ser considerado administrador de hecho, el plazo sería el de la acción social, individual o del artículo 367 que sirva de fundamento a la reclamación.

Puede existir administración de hecho si la autonomía, continuidad y contenido de sus funciones equivalen materialmente a las del órgano. Después deberá identificarse la acción concreta aplicable: social, individual o por deudas.

Contrato, poderes, organigrama real, decisiones adoptadas, cuentas bancarias, correos, relación con el consejo y apariencia frente a empleados, bancos, clientes y proveedores.

Demostrar que se trataba de alta dirección subordinada, con límites, autorización y control efectivo por el órgano de administración.

La prescripción no deriva del cargo directivo ni de la condición de hecho, sino de la acción principal que se ejercite.

Puede estudiarse su condición de administrador de hecho, pero el parentesco o el acceso a la cuenta no bastan. Hace falta una gestión efectiva, continuada y autónoma de funciones propias de administración.

Extractos, usuarios bancarios, órdenes, comunicaciones, negociación con terceros, decisiones sobre personal y duración real de esa intervención.

Acreditar que se trataba de ayuda ocasional, tareas meramente operativas o ejecución de decisiones adoptadas por el administrador formal.

El plazo será el que corresponda a la acción de responsabilidad utilizada. No existe una prescripción autónoma por ser familiar o supuesto administrador de hecho.

Pueden analizarse responsabilidades tanto del administrador formal como del administrador de hecho. La existencia de un gestor real no libera automáticamente al administrador inscrito de sus propios deberes de información, vigilancia y reacción.

Instrucciones, firmas, operativa bancaria, comunicaciones, testigos, control de clientes y proveedores, retribuciones y capacidad real de decisión de cada persona.

El supuesto administrador de hecho puede negar control efectivo y continuidad. El formal deberá individualizar por qué no intervino, qué información tenía, qué capacidad de actuación conservaba y qué hizo para evitar el daño o incumplimiento.

El plazo depende de la acción ejercitada contra cada persona. Deben individualizarse conducta, periodo y fundamento.

Puede plantearse si la matriz o sus decisores actuaron como administradores de hecho de la filial. La dirección unitaria del grupo no basta: debe probarse una injerencia concreta, continuada y propia de la administración de esa sociedad.

Órdenes, aprobaciones, correos, presupuestos, contratos, actas, intervenciones de ejecutivos y falta de autonomía real de los administradores de la filial.

Acreditar que existía una coordinación normal de grupo, que la filial conservaba órganos y decisiones propios y que las operaciones respondían a contratos reales y a su interés social.

El plazo será el de la acción social, individual o por deudas que se ejercite. La pertenencia al grupo no crea por sí sola responsabilidad ni plazo propio.

El artículo 367 puede llegar a aplicarse si se prueban dos bloques acumulativos: que esa persona era realmente administrador de hecho y que, además, existían causa de disolución, incumplimiento de reacción y deuda posterior. La condición de hecho no sustituye ninguno de estos requisitos.

Gestión efectiva, continuada y autónoma; fechas de esa gestión; cuentas y causa de disolución; nacimiento de la deuda; decisiones adoptadas y ausencia de reacción legal.

Negar la administración material, demostrar subordinación o intervención puntual y, subsidiariamente, discutir la causa, la posterioridad de la deuda, la actuación tempestiva o la prescripción.

La reclamación sigue el plazo de la deuda social garantizada cuando se ejercita el artículo 367. Otras acciones conservarán su propio régimen temporal.